La República Democrática del Congo es el país con más desplazados internos del mundo (5,5 millones); y con más personas en situación de inseguridad alimentaria del mundo (19,6 millones).
Los conflictos étnicos y políticos se han agravado en Burundi en los últimos años, lo que ha generado un colapso económico del país que ha hecho aumentar exponencialmente la pobreza. La zona, sin embargo, está fuera del foco de la comunidad internacional.
La zona vive una crisis con multitud de causas: conflictos armados, luchas étnicas, pugna por el control de los recursos naturales, incidencia de epidemias (sarampión, cólera, SIDA, Ébola, COVID) y de catástrofes naturales (inundaciones, explosiones volcánicas, lluvias torrenciales, etc.) someten a la población a una constante amenaza de violaciones de sus derechos.
Alta prevalencia de la violencia
La violencia y la inseguridad humana, constituyen aún hoy uno de los mayores problemas percibidos por la población del Este del Congo y de Burundi, en particular aquélla que se encuentra en zonas aisladas y/o de interés estratégico para estado y/o grupos armados. Entre las principales violaciones de los derechos humanos de la población se encuentran las violencias sexuales, los arrestos arbitrarios, la extorsión, las torturas y tratamientos crueles, los secuestros y desapariciones, las barreras ilegales y todas las otras violencias de género (matrimonio precoz y/o forzado, violencia conyugal, violencia económica, etc.). Esta violencia produce un alto grado de movilidad humana forzosa (la República Democrática del Congo es el país con mayor número de desplazados internos de África y 120.500 burundeses se encuentran actualmente refugiados en los países vecinos).
Más de 100 grupos armados operan hoy en el Este del Congo, la zona de intervención de Cáritas Española, impidiendo una paz duradera en la región. En Burundi, desde 2015 también han aparecido grupos armados pro-gubernamentales y anti-gubernamentales. Los Estados no despliegan esfuerzos suficientes para luchar contra la violencia, lo que incita la comisión de graves violaciones de los derechos humanos hacia las poblaciones (asesinatos, violencia sexual y de género, torturas y tratamientos degradantes, impuestos ilegales). Incluso, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado defienden muchas veces intereses privados en esta pugna. Los grupos armados son para muchos jóvenes de la zona un medio de vida, lo que complica la paz. Importantes intereses políticos y económicos, sustentan la existencia de estos grupos en ambos países, dejando desvalida a la población.
Desigualdad de género
Las mujeres son las más expuestas a los impactos humanitarios, por los prejuicios retrógrados, pero también al tener menos capacidad de decisión sobre su propio destino, lo que le impide poner en práctica mejores estrategias para hacer frente a los riesgos.
Por ejemplo, para ellas ir a trabajar sus parcelas agrícolas es una obligación ineludible, que sin embargo las expone a asaltos, robos y violencias. Dentro del hogar, su capacidad de decisión está limitada por la costumbre y por la normalización de la violencia.
Economía de subsistencia, pobreza y servicios públicos deficientes
La economía de la mayoría de la población de estos países se caracteriza por ser de subsistencia, informal y agrícola: la falta de inversión, la sobrecarga de trabajo de las mujeres, la presión demográfica, la mala gestión del territorio y la alta incidencia de catástrofes naturales, sobre todo inundaciones obstaculizan el desarrollo agrícola en la región. Pero, además, la inseguridad, hace que por temporadas las personas tengan que abandonar sus campos para huir de la violencia. También existe una considerable inseguridad jurídica que afecta a la tenencia de la tierra, lo cual a veces conduce a que se realizan expropiaciones forzosas y sin compensación alguna.
Impacto negativo de la COVID 19
A pesar de la escasa incidencia de la COVID-19, las medidas de restricción de movimientos y de reuniones, así como de cierre de fronteras impuestas por los gobiernos para combatir la pandemia han empeorado los ya de por sí importantes problemas humanitarios. En muchas zonas de ambos países los precios de los alimentos se han duplicado e incluso triplicado, agravando las crisis alimentarias.
Las restricciones a la movilidad han paralizado muchas campañas de vacunación lo que se ha traducido en un importante aumento de fallecimientos por sarampión y cólera; la confusión en las medidas ha propiciado mayores violaciones de los derechos humanos bajo pretexto de querer hacerlas cumplir por las poblaciones.